El encuentro tuvo lugar en la sede de la central empresaria y asistieron dirigentes de la entidad, encabezados por Jorge Berreta y los gremialistas locales que estuvieron acompañados por Jorge Kiener, secretario de Interior de la UTA nacional. Como se recordará los trabajadores reclamaban la suba del 20% hasta agosto y un bono de $ 16.000, determinado en la paritaria nacional.

Estas negociaciones se iniciaron luego que los dirigentes de UTA local levantaron el paro que habían impulsado para la semana pasada. La presencia de Kiener en la provincia generó reuniones con los empresarios y un encuentro con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, buscando acercamiento entre las partes. Se indico que se firmó un acta entre los participantes.

La suba del viaje, desde el próximo lunes, pasará de $19,30 a $24. El nuevo incremento, solicitado por los empresarios del transporte público, es el segundo en lo que va del 2019 ya que en marzo el boleto pasó de $15,50 a $19,30.

Sandra Manzone, Ricardo Bussi y Verón Guerra votaron en contra de la suba, mientras que Javier Aybar y Juan Luis Pérez no estuvieron presentes en la votación.

También se aprobó el incremento en la bajada de bandera de los taxis que pasó de $25 a $30, y la ficha cada 100 metros pasará de $ 2,50 a $ 3.

Al respecto, Amado sostuvo que “sabemos que los que sufren con estas medidas son los usuarios, pero también nos preocupan los trabajadores. Este sector, en muchas provincias, está padeciendo las políticas erradas del Gobierno nacional”.

Acerca de la intervención del Gobierno provincial para llegar a una solución en este conflicto, el funcionario criticó la “gran diferencia en la distribución de los fondos”. “Es diferencial el aporte que recibe Buenos Aires y Capital Federal que es el 90% total de los fondos y el resto de las provincias solo el 10%”.

Y agregó: “La provincia pone todos los meses lo que tiene que poner y en algunos casos tuvimos que adelantar el pago para poder atender los reclamos del sector. No puede haber tanta diferencia en esa distribución. Desde la provincia aportamos para mantener un boleto accesible”.

El ministro, además, explicó que “en Tucumán, el gobernador, Juan Manzur, está preocupado por esta situación que tiene de rehenes a los usuarios. Acá tienen que cambiar las políticas económicas que ya provocaron el cierre de muchas empresas y Pymes en el país”.

Del mismo modo, Amado aseguró: “En nación están están empecinados con Tucumán, por eso salen funcionarios nacionales a defender al presidente Mauricio Macri y buscan argumentos para quedar bien y terminan mintiendo a la gente”.

Esta tarde, en un comunicado del gremio de los chóferes de ómnibus, se informó que “por pedido del Gobierno de la Provincia, después de una reunión con el Secretario gremial de la UTA Tucumán, César González, se dispuso suspender la medida de fuerza hasta el día Jueves”. Continua diciendo que “esto significa que mañana y el día jueves inclusive habrá transporte público en la provincia de Tucumán”.

Mientras tanto, en la Legislatura provincial, el presidente subrogante, doctor Fernando Juri, se refirió a la situación del transporte público de pasajeros en la provincia y anunció que mañana, miércoles 24 de julio, se llevará a cabo una reunión para analizar el tema en la Legislatura. Dijo que ese encuentro será entre los Legisladores de todos los bloques políticos, el gremio de UTA y los empresarios del sector, a fin de dialogar y buscar una solución definitiva a esta problemática.

El pedido de UTA nacional a la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) consiste en una suba del 20% hasta agosto y una suma no remunerativa de $ 16.000 en tres cuotas (una de $ 8.000 y dos de $ 4.000). El objetivo del sector, es que este acuerdo salarial que ya se alcanzó para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires se replique en las provincias.

La protesta incluye a todo el interior del país a excepción de Salta, Mendoza, Capital Federal y Buenos Aires.

Desde UTA Tucumán, en palabras de César Gónzalez, afirmó que “la medida de fuerza será por 48 horas ante la falta de acuerdo en la paritaria”.

En cuanto al conflicto local, en la provincia el sector de los choferes estuvo en alerta el miércoles debido a que se cumplía el plazo estipulado para el pago del 30% restante del salario del mes de junio, que la semana pasada desencadenó cinco días consecutivos de huelga de los choferes. El pago pudo hacerse efectivo gracias a la intervención del Ejecutivo provincial que adelantó una parte de los subsidios.

Sin embargo, en ese contexto de crisis del transporte público, falta de acuerdo entre las partes y las culpas repartidas entre unos y otros, los más afectados son los usuarios que quedan en el medio de una negociación que al menos en un futuro cercano, no parece tener una solución definitiva.

Hubo cinco días consecutivos sin circulación de colectivos y el paro nacional de trasportes que afectó a todo el interior del país el viernes, hizo que se completen las seis jornadas en una semana sin servicio.

Desde el Ministerio de Transporte del Gobierno Nacional, se publicó una solicitada, especificando cuales son las funciones, obligaciones y responsabilidades que deben cumplir nación y provincia.

“Cada provincia o ciudad es responsable de su sistema de colectivos. Son ellas las que definen que cantidad de unidades circulan, su recorridos, paradas y tarifas”, se cita en el primer párrafo del texto. Luego continúa: “Los colectivos que empiezan en una provincia y terminan en otra son responsabilidad del Estado Nacional“.

“Representantes de todas las provincias del país, votaron en noviembre del 2018, por mayoría en el Congreso de la Nación, la ley de presupuesto 2019 a partir de la cual el gobierno nacional, transfirió a los gobiernos, incluidas Ciudad y provincia de Buenos Aires, los recursos para el financiamiento de los colectivos.”

También se hace mención al Fondo Compensatorio y a la tarifa social, que es enviado desde el Gobierno Nacional para el sistema de colectivos del interior, en un monto de $8.700 millones.

Con relación a las responsabilidades, en la solicitada, sobre el final del texto, se afirma de manera contundente que “es intención del gobierno nacional que las provincias respeten y cumplan el Pacto Fiscal para garantizarles el servicio a los millones de usuarios de colectivos de todo el país.”

Cabe recordar que hoy se cumplió el quinto día de paro de transporte público en Tucumán, un conflicto económico que no deja de tener tintes políticos también. Por este motivo, se realizaron distintas reuniones para tratar de llegar a una solución, ya que no sólo afecta en la vida cotidiana de los usuarios sino también en la actividad laboral, económica y comercial de la provincia.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a través de su secretario general, César González, sostienen que la única manera para levantar la medida es luego del pago. “Vamos a levantar la medida cuando los trabajadores reciban el pago de la remuneración“. Y añadió, “nosotros lo que queremos escuchar es que las empresas digan tenemos el dinero, le hacemos efectivo el pago y levantamos la medida, no tenemos ningun inconveniente”.

Por su parte desde el sector empresarial, afirman que hay una crisis importante en el sector y que el conflicto no es sólo la falta de pago, sino más bien de un problema estructural. Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, afirmó que “el traspaso improlijo del subsidio de la nación en diciembre; la constante inflación; los aumentos salariales; el poco interés del sector político que es el responsable, más el incumplimiento en tres subsidios nacionales correspondientes a mayo, junio y julio de la nación son las causas de la situación”.

También alzaron la voz sobre el conflicto el gobernador Juan Manzur y el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro.

El gobernador sostuvo que desde el Gobierno provincial se “asumió un compromiso que viene llevando adelante”. E insistió que el conflicto debe se resolverse en un marco de consenso entre los trabajadores y el sector empresarial.

Por su parte, el intendente capitalino fue contundente, “los empresarios nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Así que nosotros, desde el municipio, lo que estamos haciendo es verificar la falta de prestación de los servicios y por supuesto esto establece algunas sanciones que están totalmente especificadas”. Y sostuvo que se llegará a las últimas consecuencias y de ser necesario, incluso, a caducidad de las concesiones.

Mientras tanto, los principales afectados en el conflicto son los usuarios, que llevan cinco días sin poder utilizar los colectivos urbanos e interurbanos en toda la provincia. Además de la falta de resolución del conflicto local, se coincidirá con el paro del transporte a nivel nacional anunciado para este viernes 12, con lo cual se podría llegar a tener una semana sin tansporte público en Tucumán.