El Comité Central Confederal (CCC) de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció la implementación de un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, en repudio al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno de Javier Milei. La medida, que será acompañada por una masiva movilización hacia el Congreso, fue informada por fuentes gremiales.
En una sesión que se prolongó desde el mediodía, el Confederal aprobó una huelga nacional de 12 horas, la realización de un plenario de delegaciones regionales en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 el próximo 10 de enero, una presentación judicial en rechazo del DNU y la solicitud de reuniones con todos los bloques parlamentarios para debatir “su acompañamiento” contra esa medida y la Ley Ómnibus.
Asimismo, el Confederal decidió mantener encuentros con otras centrales obreras, como la CTA y su par Autónoma, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas. Además, facultó al consejo directivo nacional para aprobar “las medidas pertinentes en la oportunidad que requiera la actual situación”.
La decisión de convocar a la huelga nacional fue tomada ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, que se manifestaron a favor de un plan de lucha contundente. Hasta ayer, las fuentes gremiales habían indicado que el plan de acción sería “gradual”, pero la presión sindical determinó fijar la fecha del paro para el 24 de enero.
Tanto Héctor Daer, cotitular de la central obrera, como Sergio Palazzo, jefe de la Asociación Bancaria e integrante del consejo directivo de la CGT, habían anticipado la posibilidad de declarar un paro nacional debido a las “consecuencias nocivas” del DNU de desregulación económica. Palazzo instó a la justicia a observar con detenimiento la iniciativa de Milei, señalando que atenta contra la situación de los trabajadores y denunció que otorgarse facultades legislativas por dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos, equivale a eliminar prácticamente el Congreso.
Daer, por su parte, destacó que la incorporación del DNU a la Ley Ómnibus aumentó la gravedad de la situación y expresó su preocupación por las amplias facultades reclamadas por el presidente Milei, incluso para declarar una “guerra total” durante dos años. La CGT busca el respaldo de la sociedad y de los sectores políticos para enfrentar lo que considera una amenaza a los derechos laborales y a la institucionalidad democrática.
