La Secretaría de Comercio anunció la eliminación de múltiples regulaciones, apuntando a fortalecer la competencia y agilizar el comercio en el país.
El Gobierno anunció la derogación de 69 normativas vinculadas al sector del comercio y la competencia en el país. Entre las leyes derogadas se encuentran las relacionadas con Precios Justos, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento. Esta decisión, publicada en la resolución 51/2024 del Boletín Oficial, apunta a “disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”, según expresó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.
Lavigne explicó que el objetivo de estas medidas es “simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle a los ciudadanos y empresas perder tiempo y recursos en trámites innecesarios”. La Secretaría de Comercio destacó que estas normas “obstaculizaban las relaciones comerciales y promovían un rol intervencionista del Estado”.
Entre las derogaciones más significativas se encuentran el Sistema de Información para la Implementación de Regulaciones Económicas (Sifire) y el Sistema Informativo de Precios y Cantidades (Sipre), ambos considerados como instrumentos de presión sobre las empresas por parte de la administración anterior. Además, se eliminaron regulaciones complementarias a las leyes ya mencionadas, así como programas como Precios Justos, que había concluido en diciembre de 2023.
La Secretaría criticó las herramientas derogadas, señalando que solo servían para “distorsionar el sistema de precios, especialmente en alimentos y bebidas”. También se impulsó la eliminación de un programa destinado a facilitar el acceso a productos regionales en grandes superficies, sugiriendo que dichas políticas sean manejadas a nivel provincial.
Dentro de este marco de simplificación, se derogaron normativas relacionadas con la intervención en la fijación de cuotas de instituciones educativas privadas, la obligación de frigoríficos de informar precios y cantidades vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de consumidores que, según la Secretaría, “violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional”.
