Intervino la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF. Los imputados (de 20, 21 y 31 años) cumplirán medidas de coerción de menor intensidad por seis meses. La vivienda se encuentra ubicada en calle Fernando Prat Gay.
“La víctima salió a hacer unas compras de su casa y cuando volvió se dio con que en el interior de su vivienda (donde tenía toda sus pertenencias y vivía con su esposa y sus hijos) se habían instalado sus familiares (primos y sobrinos). Para ello, rompieron un portón y un pilar”.
Con estas palabras, la auxiliar de fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, María Paula Bellomio, imputó ayer jueves a un masculino y a dos femeninas (de 20, 21 y 31 años, respectivamente) el delito de usurpación de propiedad por despojo, en calidad de coautores. La víctima masculina, desde mediados de 2022 hasta el día 2 de diciembre de 2023, se encontraba en posesión de la vivienda ubicada en calle Fernando Prat Gay S/N, en Choromoro.
“En esas circunstancias, en la tarde del 2 de diciembre del año pasado, los acusados junto a otras personas, aprovechando que la vivienda se encontraba circunstancialmente sin moradores, con conocimiento que no tenían derecho a ingresar al inmueble y con la finalidad de evitar que el señor continúe en posesión del mismo, rompieron el candado del portón de ingreso provocando que además se rompiera un pilar de cemento y ladrillos que sostenía el portón de tela de alambre e hierro”, relató Bellomio, quien participó de la audiencia por delegaciones del fiscal, Mariano Fernández, acompañada de la instructora, Justina Delaporte. “Posteriormente, entraron a la vivienda por una puerta trasera. Luego, cambiaron el candado del portón, impidiendo de ese modo que la víctima continúe en posesión de la vivienda, manteniéndose en esa situación hasta la actualidad”, explicó.
Además de las medidas de coerción de menor intensidad (por el término de seis meses), la Fiscalía solicitó la restitución provisoria del inmueble. Todo lo requerido fue autorizado por la jueza actuante quien resolvió que, en el plazo de las 24 horas, se proceda a hacer entrega de las llaves del inmueble a la víctima.
